Los Sanitarios Locales de Salud Pública de Toledo piden que se desarrolle la carrera profesional
Encabezados por el Presidente Regional de CSI-CSIF, Juan Pinilla, una nutrida representación del colectivo de Sanitarios Locales de la provincia de Toledo se han personado en la Consejería de Administraciones Públicas para registrar sus peticiones de protesta “por la apatía del gobierno regional en desarrollar la carrera profesional en los colectivos afectados de Veterinarios y Farmacéuticos”.
La demanda viene motivada por la no aplicación de la Ley de 2003, que obliga a las Comunidades Autónomas a desarrollar la carrera profesional sanitaria entre el personal funcionario cuyas profesiones están reconocidas como sanitarias en la citada Ley.
En función de la respuesta administrativa, los sectores perjudicados podrían coordinar acciones de protesta “para que la igualdad presida las decisiones del Gobierno, sin perjuicio de estos sectores sanitarios, claramente perjudicados respecto al resto, a pesar de demostrar a diario su capacidad y dedicación a su trabajo, esencial para el crecimiento equilibrado de los indicadores sanitarios de la sociedad regional”, asegura el sindicato en nota de prensa.
Si no se obtiene una respuesta satisfactoria, los siguientes pasos serán medidas concretas de presión, que pueden llevar a la huelga en mataderos o la renuncia a conducir vehículos oficiales, al no contemplarse esa tarea en la Relación de Puestos de Trabajo y no suponer el carné de conducir un requisito exigido por la Administración para acceder a estos puestos.
Desde el Sindicato de Veterinarios y CSI-CSIF se quiere enviar un mensaje de diálogo para alcanzar el acuerdo, “siempre con la prevalencia de la legalidad, para acabar con las desigualdades laborales entre cuerpos administrativos similares. En caso contrario, las movilizaciones serán comunicadas a la opinión pública con la debida difusión y propaganda, para que todos los ciudadanos conozcan la situación de Veterinarios y Farmacéuticos en Castilla La Mancha, a los que se les niega un derecho atribuido por Ley, que merece el respeto y la consideración de nuestros responsables políticos, encargados de impartir justicia y defender los derechos de sus trabajadores”.-
